¿Qué es la Agencia de defensa del territorio de Mallorca y cuáles son sus funciones?

La Agencia de defensa del territorio de Mallorca es un organismo que tiene como finalidad la protección de la legalidad urbanística. Hasta el año 2017, recibió el nombre de Agencia de protección de la legalidad urbanística y territorial de Mallorca.

Se trata de un organismo administrativo autónomo que tiene funciones tanto insulares como municipales y ante el que se pueden interponer denuncias ciudadanas.

Estas denuncias de infracción urbanística únicamente exigen que se realicen por escrito, pudiéndose aportar la identificación para adquirir la condición de denunciante o realizarse de forma anónima en el formulario de comunicación de ilegalidades en suelo rústico.

¿Cuáles son sus funciones?

La Agencia se rige por tres órganos: el Consejo de Dirección, el Director o Directora gerente y la persona que presida el organismo. Sus actuaciones pueden producirse de oficio, por denuncias de particulares o a causa de denuncia de otros organismos e instituciones.

El objeto principal de su funcionamiento es que las edificaciones y los usos del suelo se adapten en todo caso a las normativas sectoriales aplicables y a lo que se disponga en el planeamiento. De este modo, sus funciones principales son:

1. Inspeccionar y vigilar el uso del suelo y las edificaciones.
2. Sancionar a aquellos que cometan infracciones urbanísticas.
3. Impugnar o promover la revisión de oficio de licencias y autorizaciones que hayan otorgado los ayuntamientos y que puedan ser contrarias a la normativa urbanística.
4. Ordenar la demolición de obras ilegales.
5. Adoptar medidas cautelares y preventivas para proteger la legalidad urbanística en el territorio.
6. Ejercer las competencias que le atribuyan los convenios de delegación.
7. Asesorar de forma tanto técnica como jurídica a los municipios.

¿Cuál es su ámbito de competencia?

La Agencia tiene competencia para actuar en todos los municipios de Mallorca. Sin embargo, las facultades en cada uno de ellos pueden variar según si tiene o no un convenio de delegación de competencias con el Ayuntamiento.

Un aspecto relevante a considerar es que, aunque ni la Agencia ni el Consejo de Mallorca son jerárquicamente superiores a los Ayuntamientos, sí que son organismos autónomos con distintas competencias.

Por tanto, cuando no existe un convenio firmado, la Agencia puede actuar si existe inactividad por parte del municipio, ya sea para sancionar, para suspender las obras o para adoptar medidas de reparación de la legalidad física alterada.

¿Cuáles son los procedimientos que lleva a cabo la Agencia?

La Agencia de defensa del territorio de Mallorca puede abrir un procedimiento sancionador en el supuesto de que se haya cometido una sanción urbanística, dando a los infractores un plazo de 15 días de alegaciones. Este procedimiento puede iniciarse incluso cuando posteriormente se hayan legalizado las obras, y debe resolverse en un año.

Asimismo, paralelamente, puede iniciar la apertura de un procedimiento de restablecimiento, que puede tener como consecuencia la legalización de las obras o su demolición. Además, los interesados pueden constatar si la Agencia ha abierto un expediente contra una obra solicitando la certificación de existencia de expediente de infracción urbanística.

Otro aspecto a tener en cuenta es que los procedimientos se entienden iniciados una vez que se notifica la resolución adecuadamente, y no con la mera inspección inicial, que constituye una actuación preliminar. Los criterios de actuación que se tienen en cuenta durante el desarrollo de los mismos son:

• La existencia de un convenio entre el municipio y la Agencia.
• La valoración de las obras y si se están o no ejecutando.
• La categoría del suelo.
• La gravedad y el tipo de la infracción presuntamente cometida.
• La reincidencia en la comisión de la infracción.

Características relevantes sobre el funcionamiento de la Agencia

Una vez que se conocen las funciones, el ámbito de competencia y los procedimientos que puede llevar a cabo la Agencia, conviene saber algunas características relevantes sobre su funcionamiento:

• Si un particular denuncia y, más tarde, retira la denuncia, el expediente no se cierra, se promueve de oficio.
• Las sanciones se calculan sobre un porcentaje que varía según el tipo de infracción, aunque la ley suele marcar un mínimo y un máximo para cada tipo.
• El pago de una sanción no implica la legalización de la obra, y esta puede ir aparejada de la demolición de la obra si no se restablece la legalidad mediante el procedimiento pertinente.
• Si se legaliza la obra, la sanción se reduce en un 40 o en un 50% y si se demuele previamente a la sanción, esta se reduce en un 60 o en un 50%, dependiendo del supuesto concreto.
• La competencia para legalizar la obra es del Ayuntamiento y las de litoral al Consejo de Mallorca. Por tanto, la Agencia no puede retirar una autorización, tan solo puede hacerlo el organismo correspondiente o un Juez si se ha interpuesto un recurso contencioso administrativo.
• Si la Administración insta una demolición y el infractor la incumple, la ejecutará por sí misma, atribuyendo los costes a dicho infractor.
• Las órdenes de demolición prescriben a los 15 años desde su firmeza, las infracciones graves y muy graves a los 8 años y las infracciones graves al año.
• Las obras no fijas, como pueden ser las caravanas, también necesitan licencia.

¿Cómo se puede contactar con la Agencia de defensa del territorio de Mallorca?

Existen diversas formas de contactar con la Agencia. Si se desea acudir presencialmente, es necesario pedir cita previa por teléfono, en los números 971173854 o 971219738, o por correo electrónico en la dirección [email protected]. También, se puede acceder a la sede electrónica en la web.

José Manuel Sierra Álvarez

Soy socio fundador de Sierra Abogados & Inversiones, y cuento con una amplia trayectoria profesional de más de 25 años de experiencia.

Licenciado en Derecho por la Universidad de las Islas Baleares y abogado miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, en ejercicio desde 1993. Además, soy asesor inmobiliario adscrito al Colegio de Asesores Inmobiliarios del Colegio de Baleares.

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